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Denuncian “graves incoherencias en la resolución de la A-40

“Teruel existe” denunció ayer la existencia de “graves incoherencias”, así como de “vulneración del principio de homogeneidad en la activi­dad administrativa”, en la re­solución del Ministerio de Fomento que ha dado “carpe­tazo” al estudio informativo de la autovía A-40 entre Te­ruel y Cuenca en su trazado inicial y que encarga el inicio de uno nuevo. El movimien­to ciudadano presentó ayer el recurso de reposición contra dicha resolución en la Subdelegación del Gobierno de Te­ruel.El recurso planteado por la coordinadora ciudadana pide que se declare nula la resolución de Fomento y se lleve a cabo dicha actuación, según su trazado inicial, “en defensa de lo establecido en el Plan Estratégico de Infra­estructuras del Transporte (PEIT)”. Asimismo, insta al ministerio a que lleve la ac­tuación de la autovía “al Consejo de Ministros para que resuelvan sobre ella en sentido positivo sin que lo anterior suponga la imposibi­lidad de aclarar algún aspec­to puntual a través del corres­pondiente informe”.

El portavoz de “Teruel existe”, Pepe Polo, manifestó tras la presentación del recur­so dirigido al Ministerio de Fomento en el registro de la Subdelegación del Gobierno, que la declaración de impac­to ambiental de la A-40 y la resolución ministerial que da por cerrado el estudio infor­mativo del trazado inicial “no está basado en la reali­dad” y que se apoya en datos incorrectos.

“Venimos a decir que hay errores de gravedad”, asegu­ró el portavoz de la coordina­dora ciudadana, para lo cual se apoyan en informes “que dicen que no es como dice el estudio”. De hecho, en el re­curso a la resolución de Fo­mento se ponen varios ejem­plos para cuestionar tanto las “incoherencias” como la vul­neración del principio de ho­mogeneidad, en el sentido de que en el caso de la A-40 no se han seguido los mismos parámetros ni criterios que con otras infraestructuras.

Entre las “incoherencias” detectadas y en las que se ba­sa el recurso figuran supues­tos desplazamientos de fauna que no existen en realidad, así como problemas de llu­vias torrenciales que favore­cerían la erosionabilidad del terreno, que tampoco se han constatado, o la elaboración de los estudios a partir de planos a una escala que no es la correcta para poder medir las posibles afecciones.

Documentos incorrectos

El también portavoz de ‘Te­ruel existe” Ramón Perales añadió que los documentos en los que se ha basado la ar­gumentación de los ministe­rios de Medio Ambiente y Fomento no son correctos, y que el recurso presentado se ha elaborado con la partici­pación de expertos que han recorrido el terreno afectado por esta infraestructura.

Polo aseguró que a la vis­ta de las “incoherencias” de­tectadas “vemos una inten­cionalidad de utilización de un informe medioambiental para paralizar una obra”. Pre­cisó a este respecto que “no es una chapuza”, dando a en­tender que está hecho así con una finalidad clara, por lo que consideró que en función de lo que se resuelva primero con este recurso de reposi­ción y posteriormente con el contencioso-administrativo, daría pie para que lo pudiera investigar la Fiscalía.

El recurso de reposición pone cuatro ejemplos que cuestionan algunas de las afirmaciones recogidas en la declaración de impacto am­biental (DÍA), como el incre­mento del efecto barrera, en particular para ciervos, ga­mos, corzos y jabalíes. El es­tudio señala que se trata de una zona de paso entre la Se­rranía de Cuenca hacia Javalambre y las zonas de Caste­llón y Valencia, cuando no se dan fenómenos de paso “mi­gratorios” según el recurso.

Alegan también que cuan­do la actuación fue incluida en el PEIT no hubo proble­mas y apelan a la “objetivi­dad científica” que exige la directiva europea Hábitat. Comparan para ello la decla­ración de la A-40 con las de otras infraestructuras como el ferrocarril de alta veloci­dad entre Orense y Monforte, con más afecciones pero que han sido autorizados.

En otro orden de cosas, el recurso se fundamenta en que la resolución ministerial contiene elementos “que vul­neran la legislación medio­ambiental, lo que debe llevar ‘ a la nulidad del mismo”, ade­más de esgrimir “indefen­sión” en la tramitación y ar­gumentar que el contenido de la nueva orden de estudio en la que se basa es inconstitu­cional.

F.J.M./Teruel

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