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La DGA pondrá en marcha este mes la Unidad Administrativa de Justicia del edificio

El Gobierno de Aragón pide al personal la lista de deficiencias en las obrasEl viceconsejero de Justicia del Gobierno de Aragón, Jo­sé María Bescó, explicó ayer que la Unidad Adminis­trativa del Ejecutivo autonó­mico en el Palacio de Justicia entrará en funcionamiento este mismo mes. El anuncio lo hizo en su visita a las de­pendencias judiciales de la capital, acompañado por el director general de Justicia, José Borras, para conocer la situación de las obras y se­gún anunciaron solicitar al personal una lista de las defi­ciencias que trasladarán al Ministerio de Justicia, res­ponsable de las obras.

La Unidad Administrativa del Gobierno de Aragón será un “enlace entre la Adminis­tración judicial y la Adminis­tración autonómica” señaló Bescós, y su cometido será facilitar las relaciones con el personal funcionario y labo­ral, así como solucionar las necesidades materiales que puedan surgir. Bescós expli­có que hay un Decreto del Gobierno de Aragón de 28 de abril de 2007 en el que se prevé la creación de estas unidades en las tres capitales, y también dentro de las ofici­nas comarcales unidades de apoyo.

La Unidad de Teruel será ocupada por 2 o 3 personas, y se pondrá en marcha tan pronto como terminen las obras y se realicen los corres­pondientes equipamientos, según explicaron ayer.

Dignidad

El viceconsejero y el director general recorrieron las de­pendencias judiciales junto al presidente de la Audiencia Provincial, Fermín Hernán, para conocer el estado de las instalaciones tras las obras. Bescós calificó la situación de las estancias tras la visita de “favorable en general”, “hay un antes y un después en las dependencias, y la dignidad es notoria en la mayor parte”. No obstante, recono­ció que hay “defectos de aca­bado y hay cosas que deben ser objeto de rectificación”.

El viceconsejero señaló que por ello habían convoca­do a los diferentes colectivos relacionados con la justicia en Teruel para adelantarse, que se trasladen el listado de deficiencias y poder hacérse­las llegar al Ministerio de Justicia.

La empresa Bauen ha rea­lizado las obras de amplia­ción y reforma del edificio de la Audiencia Provincial impulsadas por el Ministerio de Justicia. Según Borras, técni­cos de la Administración Central tienen previsto visitar las instalaciones para su revisión antes de proceder a la recepción oficial de las obras por parte de la empre­sa, acto que se espera que se celebre a finales de este mes o primeros de marzo.

Reivindicaciones

Los responsables de Justicia de la Administración autonó­mica comparecieron ante los medios de comunicación pa­ra, según señalaron, poder aclarar algunas cuestiones que han sido polémicas en los últimos días.

Entre ellas, el hecho de que en los casos de violencia de género, la víctima y el presunto maltratador tenían que coincidir en la misma sa­la al no haberse previsto es­pacios distintos para ambos. Bescós aseguró que esa situación se ha solventado en este “periodo de tránsito” en el que se encuentra el edifi­cio, habilitando una dependencia.

Otro de los temas que han suscitado polémica es la si­tuación de las viviendas del fiscal jefe y del funcionario de auxilio de la Audiencia que se han mantenido en el edificio antiguo tras la remo­delación. A preguntas de los periodistas, Bescós evitó pronunciarse claramente so­bre la postura del Departa­mento. No obstante, aunque reconoció que existen argu­mentos históricos, “la regla general es que no hay vivien­das para funcionarios en esta Comunidad Autónoma”.

Aunque Bescós citó un oficio del 5 octubre de 2009 en el que el Ministerio daba .respuesta a una pregunta del Gobierno de Aragón en la que decía que “la gestión de las inversiones en infraes­tructuras en curso a la fecha de efectividad de los traspa­sos seguirán a cargo del Mi­nisterio” y ahí está la zona de las dos viviendas. “Este Ministerio comparte el criterio de la Consejería de Justicia en el sentido de que la totali­dad de la superficie de los edificios judiciales se desti­nen al servicio público” reza el oficio, pero deja al Gobier­no de Aragón la decisión.

“Tan pronto como se rea­lice la entrega se pedirá la documentación que avale la ocupación por parte de am­bos funcionarios y sobre la base de lo que uno y otro puedan decir se someterá al dictamen de los servicios jurídicos” señaló Bescós.

En referencia a la climati­zación, el director general de Justicia, José Borras, explicó que durante la primavera se estudiará si técnicamente es posible implantar un sistema general o con la colocación de aparatos individuales, por las “limitaciones de un edifi­cio histórico”.

“Nosotros no hemos teni­do nunca la responsabili­dad en este edificio, ni pa­ra lo bueno – que es mu­cho- ni para lo malo – que no es mucho pero lo hay” señaló Bescós. Añadió que la responsabilidad es del Ministerio de Justicia que debe recibir las obras y el Gobierno de Aragón está a expensas de que lo haga. Como argumentos, Bescós apeló a un acuerdo del Gobierno de Aragón de mayo de 2006 que in­cluía la cesión de uso al Estado del inmueble que acoge el Palacio de Justi­cia y que recoge que “las obras de acondiciona­miento y adaptación del inmueble serán a cuenta del cesionario y bajo su responsabilidad”. Tam­bién consta en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de abril de 2007 de licitación de las obras de ampliación y reforma de la Audiencia Provincial por parte de la Secretaría de Estado de Justicia, así como el documento de mayo de 2007 por el que el Gobierno de Aragón hace entrega de las llaves al Ministerio de Justicia. En el Decreto de transfe­rencia de competencias de Justicia se distinguen, re­cordó Bescós, obras ter­minadas y obras en curso, y “por tanto todavía en tránsito”, como serían á su juicio las del edificio de Teruel.

Por todo ello, dijo que “nos ha extrañado que al­gunos colectivos hayan disparado contra el Go­bierno de Aragón”. Por su parte, la presidenta de la Junta de Personal del Palacio de Justicia de Te­ruel, Caridad Belanche, reiteró que a su entender, el Gobierno de Aragón re­cibió el edificio con las transferencias de Justicia y por tanto deberían haber tomado medidas.

Reivindicaciones de los funcionarios

Los responsables de Justicia del Gobierno de Aragón se reunieron ayer con repre­sentantes sindicales de los trabajadores de las depen­dencias judiciales. La presi­denta de la Junta de Perso­nal del Palacio de Justicia de Teruel, Caridad Belan­che, explicó tras la reunión que “ya les trasladamos en su día la lista de incidencias que nos han pedido pero volveremos a hacerlo”. Be-lanche denunció que los de­tenidos que acuden a los juzgados tienen que estar en los pasillos al no disponer de una sala. También critica que la solución provisional que se ha tomado para que no coincidan las víctimas de violencia de género y los presuntos maltratadores es habilitar una sala de reunio­nes para las primeras, mien­tras que no hay ningún es­pacio para que permanezca el presunto agresor. La lista de quejas incluye también el estado de los calabozos, de la iluminación de la parte antigua del edificio donde, explica Belanche, no se ha actuado.

La presidenta de la Junta recordó que “no es de reci­bo” la situación de las tra­bajadoras de la limpieza, personal que depende direc­tamente del Gobierno de Aragón “olvidadas hasta ahora”. Belanche insistió en que son alrededor de noven­ta los trabajadores de las de­pendencias judiciales que dependen de la Administra­ción Autonómica y los res­ponsables políticos “siem­pre se reúnen con los jefes y nos olvidan a nosotros”. Por ello, en la reunión de ayer les pidieron que se les tenga en cuenta para hacer los cambios que la Administra­ción Autonómica tenga que realizar. La presidenta re­cordó a los responsables au­tonómicos que la posición de los trabajadores en rela­ción con las viviendas de los funcionarios es que pa­sen a ser espacios para el servicio público y les acusó de no haber actuado con ra­pidez haciendo que se in­cluyeran en las obras.

ELISA ALEGRE/Teruel

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