Categorías

La DGA pedirá a Justicia que corrija los fallos de los nuevos juzgados

Los empleados denuncian falta de salas de espera para víctimas y detenidos por violencia de género, una climatización incompleta y una laberíntica unión entre los dos edificiosEl Gobierno aragonés trasladará al Ministerio de Justi­cia un listado con todas las defi­ciencias detectadas en los nuevos juzgados de Teruel a fin de que puedan ser subsanadas en el me­nor plazo de tiempo posible. Para ello, la DGA tiene previsto man­tener en las próximas semanas re­uniones con jueces, magistrados, fiscales, secretarios y funcionarios que le indiquen cuáles son, en opinión de cada uno de los colec­tivos, los principales problemas.

Casi desde el inicio -a finales de • 2008- de las obras de ampliación y reforma del edificio, que han co­rrido a cargo del Ejecutivo central, los funcionarios de Justicia han venido denunciando, entre otras carencias, una incompleta clima­tización del inmueble, falta de sa­las de espera diferenciadas para víctimas y detenidos por violen­cia de género y una laberíntica co­municación entre la parte vieja y la nueva. En los últimos días, las empleadas de limpieza se han quejado de las malas condiciones en que se encuentra el cuarto donde se cambian de ropa y alma­cenan los productos, sin calefac­ción y con las baldosas y los desa­gües rotos.

Visita oficial

Las continuas protestas de los tra­bajadores hicieron que ayer visi­taran los nuevos juzgados de Te­ruel el viceconsejero de Justicia y el director general de Administra­ción de Justicia de la DGA, José María Béseos y José Borras, respectivamente. El primero de ellos admitió que si bien el resultado de las obras a punto de finalizar­ le parece correcto, “hay defectos de acabado y cosas que deben ser objeto de rectificación”.

El informe sobre deficiencias se elaborará una vez que el Minis­terio de Justicia reciba la obra, ya acabada, de la empresa construc­tora, algo que está previsto para este mismo mes. A continuación, el Gobierno aragonés tomará ple­na posesión del edificio judicial en virtud de las transferencias en materia de Justicia desde el año 2008.

Béseos y Borras recorrieron las nuevas instalaciones y escucha­ron directamente las quejas de los representantes sindicales de los trabajadores. Béseos pidió “pa­ciencia”, pues las obras aún no han culminado, y dijo que lo fun­damental en el proyecto, que es la ampliación de espacio, se ha con­seguido.

Por su parte, Borras destacó que algunos de los problemas, como la falta de climatización en determi­nadas plantas, se deben a que el edificio está en pleno casco histó­rico y se ha sometido a una reha­bilitación, unas circunstancias que limitan las actuaciones.

M- ÁNGELES MORENO

Viviendas para funcionarios, una antigua costumbre que se mantiene solo en Teruel

El Ejecutivo se muestra partidario de que los dos pisos que todavía existen en el edificio se destinen a usos públicos

El viceconsejero de Jus­ticia de la DGA, José María Bés­eos, afirmó ayer que el Gobierno aragonés es partidario, al igual que el Ministerio de Justicia, de que todo el espacio del edificio de juzgados de Teruel se destine a usos públicos, incluidas las dos viviendas para funcionarios que to­davía se conservan.

Béseos explicó que la costum­bre de ofrecer casa a los emplea­dos judiciales data de los años 50 y 60 del siglo pasado si bien en la actualidad esta práctica se ha abandonado. “Es una situación histórica, responde a una visión propia de los años 60 que ya ha decaído”, dijo el viceconsejero de Justicia de la DGA,

Agregó que, “en tiempos”, tan­to el edificio judicial de Zaragoza como el de Huesca contaban con pisos destinados a jueces, magis­trados, fiscales y funcionarios, pero que ahora esta situación ha de­saparecido. “La norma general en Aragón es que no haya viviendas y que todo el espacio se destine a usos públicos”, concluyó.

Por ello, el Gobierno de Aragón tiene previsto solicitar a las dos personas que ocupan las vivien­das del Palacio de Justicia de Te­ruel la documentación que acre­dite su derecho a utilizarlas. Los datos serán analizados por los servicios jurídicos de la DGA, quienes asesorarán al Ejecutivo autonómico acerca de la postura que debe adoptar.

Heraldo de Aragón. TERUEL  /M.Á.M.

Los comentarios están cerrados.