Categorías

Vecinos y hosteleros alegan contra la ordenanza de barras de Vaquilla

El consistorio recibe nueve escritos contrarios al texto aprobado inicialmente

La Federación San Fernando de Teruel, la Asociación de Vecinos de La Zona, la Aso­ciación Provincial de Empre­sarios Turísticos y seis parti­culares -entre ellos varios hos­teleros-han presentado alega­ciones contra la modificación de la ordenanza de instalación de barras durante la Vaquilla, aprobada inicialmente en el pleno del Ayuntamiento el pa­sado 15 de enero.

Los servicios técnicos mu­nicipales están estudiando los nueve escritos y, una vez reali­zados los informes, la corpo­ración decidirá si acepta algu­na de las alegaciones de cara a la aprobación definitiva de la ordenanza, que tuvo que ser modificada a raíz de una sen­tencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que dio la razón a la Asocia­ción de la Zona y anuló los ar­tículos sobre horarios de fun­cionamiento y volumen de la música, que el texto aprobado en 2005 fijaba en 60 decibelios.

Los mismos aspectos que entonces resultaron polémicos siguen siendo el caballo de ba­talla de las alegaciones pre­sentadas a la nueva redacción de la ordenanza.

En líneas generales, los ve­cinos consideran que la modi­ficación aprobada no cumple la sentencia judicial y que fijar el volumen máximo de la mú­sica en 90 decibelios es con­trario a la Ley del Ruido y a la propia Ordenanza municipal sobre Ruidos y Vibraciones, que marca niveles de 45 deci­belios durante la noche y de 55 durante el día.

Los hosteleros, por el con­trario, consideran que 90 deci­belios es un límite demasiado bajo, ya que se supera en una conversación normal en un bar, y ven injusto que se esta­blezcan limitaciones sonoras a la barras que se instalan en la calle y no a las de las peñas, que causarían las mismas mo­lestias.

Argumentos vecinales

Las alegaciones de la Federa­ción San Fernando y de la Asociación de Vecinos de La Zona son idénticas y han sido redactadas por un abogado, ya que estas entidades han anun­ciado que están dispuestas a presentar un nuevo recurso ante los tribunales si la orde­nanza se aprueba definitiva­mente.

Como primer argumento, señalan que la modificación no da cumplimiento a la sen­tencia del TSJA, sino que, por el contrario, “lo que pretende el Ayuntamiento es seguir incumpliendo el contenido de la Ordenanza sobre Ruidos y Vi­braciones así como la norma­tiva estatal en dicha materia”, al autorizar la instalación de equipos musicales en la vía pública “sin establecer meca­nismos de control del ruido”. Según recuerdan, durante el periodo de vigencia de la ante­rior ordenanza el consistorio no supervisó ningún equipo, ni levantó acta alguna de me­dición de ruidos y tampoco impuso ninguna sanción en materia de ruidos a las barras, un total de 22 en el Centro du­rante las fiestas de la Vaquilla.

Las entidades vecinales impugnan de forma expresa los cambios de la ordenanza en cuanto a los horarios de funcionamiento, ya que su es­tablecimiento remite á la Ley de Espectáculos Públicos de Aragón, que permite a los ayuntamientos autorizar am­pliaciones de los límites gene­rales de cierre con ocasión de fiestas locales. Sin una mayor precisión, los alegantes esti­man que este artículo deja a los vecinos en situación de “inseguridad jurídica” e inclu­so “indefensión”.

También impugnan que se amplíe “injustificadamente” a 90 decibelios el nivel máximo de emisión de ruido de los equipos de imagen y sonido, “cuando la ordenanza munici­pal está regulando valores de 45 decibelios durante la noche y de 55 durante el día como nivel máximo exterior a las vi­viendas”.

Además, señalan que la re­gulación de las barras no fija el nivel sonoro de emisión en viviendas superiores o adya­centes, cuando la ordenanza municipal sobre ruidos obliga a tener en cuenta este paráme­tro, al igual que la Ley del Ruido. Esta última norma fija el límite en 30 decibelios en dormitorios y en 35 en el resto de las estancias en horario nocturno.

El presidente de la Asocia­ción de La Zona, Ildefonso Soriano, ha presentado otra alegación a título particular, que, además de los argumen­tos citados, incide en conside­raciones técnicas.

Entre otras, señala que fi­jar un límite de 90 decibelios supone una aplicación inco­rrecta de la Ley de Suelo, porque se trata de un valor previsto para infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias y sectores con predominio de uso recreativo y de espectá­culos. La misma norma fija en 45 decibelios el límite en horario nocturno para activi­dades en suelo residencial, que sería el caso aplicable a las barras.

EVA RON/Teruel

Los comentarios están cerrados.