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La ciudad está rodeada de 832 casas ilegales, y el problema va en aumento

El censo que acaba de elaborar la Gerencia de Urbanismo constata que, a pesar de las sanciones impuestas, se sigue construyendo sin licencia en suelo no urbanizable

La edificación ilegal continúa activa en el entorno de Teruel, a pesar de los sucesivos in­tentos del Ayuntamiento para fre­nar este fenómeno, el principal problema urbanístico de la ciu­dad. Según un censo que acaba de realizar la Gerencia de Urbanis­mo, en la periferia urbana existen actualmente 832 edificaciones ilegales levantadas sobre suelo no urbanizable. En la gran mayoría de los casos se trata de segundas residencias.

Las principales concentracio­nes se registran en las zonas de la carretera de Castralvo y la vega del Alfambra. Según indicó el concejal de Urbanismo, Luis Mu­ñoz, durante la realización del in­ventario se pudo comprobar que la construcción de chalés irregu­lares sigue activa. La proliferación de casas ilegales es más intensa al sur de la ciudad, aunque también presenta núcleos importantes al oeste, en torno a la carretera de San Blas y La Muela, y al norte.

La elaboración del censo con­lleva la imposición de sanciones por edificación ilegal si las infrac­ciones no han prescrito -en febre­ro de 2009, la Gerencia tramitaba 78 expedientes sancionadores- y es el primer paso para acometer procesos de regularización, cuan­do sean viables. El Ayuntamiento ha mantenido desde el principio la voluntad de no acometer demo­liciones, aunque algunas edifica­ciones, sobre todo las construidas en suelo no urbanizable protegi­do, quedarán fuera de ordenación y sin posibilidad de ser reforma­das ni mejoradas.

Muñoz advirtió de que, una vez que se apruebe el nuevo Plan Ge­neral de Ordenación Urbana, los dueños de las viviendas ilegales tendrán un plazo improrrogable de tres años para presentar planes de regularización de las distintas zonas de construcción ilegal. Es­tos documentos deben contem­plar la creación de una red viaria, la eliminación de las fosas sépti­cas de vertidos y las cesiones de suelo obligatorias. Además, los propietarios deberán costear las obras de urbanización.

El edil señaló que la iniciativa de los planes de regularización ur­banística corresponde a los pro­pietarios, aunque consideró que será “difícil” que esta fórmula prospere. Luis Muñoz añadió que si los dueños de las fincas no dan este paso será el Ayuntamiento el que tome la iniciativa y delimite las zonas de intervención.

Luis Muñoz explicó que, de acuerdo con la Ley de Urbanismo de Aragón recientemente aproba­da, la Dirección General de Urba­nismo de la DGA elaborará en cuatro años un censo de edifica­ciones ilegales. En el caso de Teruel, podrá aprovechar el catálo­go que acaba de redactar el Ayun­tamiento, donde se hacen constar las superficies de las parcelas, las características de la construcción, titularidad y fotos de las casas, en­tre otras informaciones.

El concejal adelantó que en el nuevo PGOU, en tramitación, las zonas de edificación ilegal se ca­talogarán como suelo urbanizable en lugar de la previsión inicial de englobarlas en el suelo urbano no consolidado. La propuesta inicial recibió muchas críticas por gene­rar agravios comparativos para propietarios que habían cumpli­do la legislación. Según Muñoz, la fórmula del suelo urbanizable es, además, más flexible para llevar a cabo procesos de regularización.

200 más en las pedanías

El catálogo se ampliará con las vi­viendas ilegales levantadas en los antiguos términos municipales de las diez pedanías de la ciudad. Se­gún el concejal de Urbanismo, “si no hay sorpresas”, el número de edificaciones irregulares en los barrios rurales rondará las 200. Los principales focos se sitúan en­tre Castralvo y Aldehuela y en el entorno de Villaspesa.

Heraldo de Aragón

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