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El Gobierno de Aragón será quien decida los usos del Banco de España

El Ejecutivo corrige a Fernández y afirma que no prevé alquilar el inmueble

El Gobierno de Aragón señaló ayer, en un comunicado, que será la Comunidad Autónoma quien decida “de forma unilateral” el uso de los inmuebles que le traspasará el Estado como pago de la deuda derivada de la merma tributaria, entre los que se encuentra la antigua sede del Banco de España en Teruel. Una vez que se aprueben definitivamente los decretos de traspaso y la titularidad pase a la Comunidad Autónoma, los servicios de otras administraciones ubicados en estos edificios “deberán reubicarse”, según añade la nota.
El Ejecutivo respondió así a las manifestaciones realizadas el día anterior por el delegado del Gobierno central en Aragón, Javier Fernández, quien afirmó que el cambio de titularidad del inmueble no afectará a los usos pactados en el protocolo suscrito en 2007 entre las administraciones central, autonómica y locales. A su juicio, dicho acuerdo avala la permanencia de los servicios estatales de extranjería y violencia contra la mujer instalados desde el pasado lunes en la tercera parte del edificio, al menos mientras los cinco firmantes no decidan lo contrario.
El comunicado del Gobierno aragonés precisa, asimismo, que el Ejecutivo autonómico estudia destinar el antiguo Banco de España “a usos que redunden en el modelo de ciudad turística y no ha previsto su arrendamiento a otras administraciones”.
Esta afirmación contrasta con las manifestaciones realizadas por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz (PSOE), en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno del pasado martes, en las que planteó la posibilidad de ingresar 300.000 euros al año en concepto de alquiler de las dependencias de la plaza San Juan. Al día siguiente, Javier Fernández señaló que la Administración central pagará el arrendamiento, aunque no precisó la cantidad.
En la rehabilitación del Banco de España se han invertido 4 millones de euros, de los que el Ejecutivo autonómico ha aportado este año un millón y medio, según recordó ayer.

Biel: “Hay que esperar”
El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel (PAR)), se refirió en Zaragoza a este asunto, sobre el que por la mañana habló con el presidente autonómico, Marcelino Iglesias (PSOE), y el consejero Alberto Larraz.
Biel reiteró que el Ejecutivo autónomo “no tomará ningún tipo de decisión” sobre el uso de los edificios “hasta que los decretos de traspaso de titularidad no estén aprobados”. Añadió que “eso no significa que no se llegue a un acuerdo, ni se busquen las fórmulas que se consideren más oportunas”, pero insistió en que mientras no se resuelva el cambio de propiedad “hay que esperar”.
El traspaso del antiguo Banco de España en Teruel forma parte, junto a otros inmuebles de Zaragoza y Huesca, de la compensación de la deuda que el Estado mantenía con Aragón y que se rubricó en el seno de la Comisión Mixta Económico-financiera.
Posteriormente se ratificó en la Comisión Bilateral, copresidida por el vicepresidente tercero del Gobierno de España, Manuel Chaves (PSOE), y por José Ángel Biel.
El acuerdo está condicionado a que la Comunidad Autónoma retire el recurso judicial que interpuso para reclamar las cantidades adeudadas por el Estado. Además, será necesario que el Consejo de Ministros apruebe un decreto de cesión de los inmuebles para zanjar el cambio de titularidad.

Interpretaciones dispares
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón insistieron ayer en que el decreto de compensación por la merma tributaria alude expresamente a que el edificio del Banco de España está destinado a la Subdelegación del Gobierno y remite al protocolo suscrito en abril de 2007 por los Gobiernos de España y de Aragón, el Ayuntamiento de la capital, la Diputación Provincial y la Comarca Comunidad de Teruel para un uso compartido del inmueble.
Dicho protocolo reservaba para uso ciudadano el salón habilitado en el antiguo patio de operaciones y señalaba que el resto del inmueble se usaría para servicios administrativos a determinar por el Gobierno central, que podría autorizar el uso de algunas de estas dependencias por otras administraciones firmantes en caso necesario.
Las mismas fuentes matizaron, como ya hizo Javier Fernández, que estas condiciones podrían variar si así lo acuerdan las instituciones implicadas.

EVA RON / Teruel

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