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Temor a que los requisitos legales acaben con los festejos taurinos

Una sentencia judicial obliga a contar con un segundo médico, cirujano, en estos espectáculos

Municipios y profesionales critican el encarecimiento y que no hay especialistas para cumplir

DGA confía aprobar en mayo el nuevo decreto que sólo requiere un médico y un enfermero

Sobre el papel, la obligación de contar en los festejos taurinos populares con la presencia de un cirujano o traumatólogo, además de un médico y un enfermero, supone garantizar las mejores condiciones para la atención de una persona en un accidente y cumplir así la normativa estatal. Pero para quienes son amantes de estos espectáculos tradicionales, es una piedra más en un vía crucis con distintas estaciones que han supuesto que el precio de las sesiones prácticamente se haya triplicado en los últimos años y que ven en esta medida la puntilla de las fiestas de los pueblos.
La incorporación de este requerimiento a las autorizaciones de los festejos taurinos se produce después de que la Justicia haya dado la razón a Fasamet, Federación Aragonesa de Médicos de Atención Primaria, que había impugnado ante los tribunales el párrafo del Decreto aragonés en el que se recogía sólo un médico y un enfermero como el equipo médico necesario para los espectáculos populares, porque entendía que incumplía la normativa estatal.
La decisión judicial obliga al Gobierno de Aragón a exigir que todos los festejos taurinos populares que se autoricen en la Comunidad, y en la provincia de Teruel son más de 400, cuenten con la asistencia de un cirujano o traumatólogo, además del médico y el enfermero.

Consecuencias
El gasto medio por sesión de exhibición de ganado, bien sea vaquillas o toro, está entre los 2.500 y 3.000 euros. Un precio ya elevado para los organizadores de los festejos que con el coste de un médico especialista puede ascender a alrededor de unos 200 euros más.
Pero lo que hace temer a los municipios y comisiones por la continuidad de estos espectáculos es que, dicen, no hay especialistas suficientes dispuestos a asistir a estos espectáculos y cuando llegue el verano y coincidan varios festejos en un mismo día, la situación será insostenible. Y no hace falta llegar al verano,
explica José Julio Torres, director de lidia, porque el próximo 1 de mayo ya coinciden como mínimo cuatro festejos el mismo día. “¿Cómo lo vamos a hacer – se pregunta – si en Teruel ahora mismo sólo hay dos cirujanos que quieran hacer este servicio?”.
Torres asegura que incluso le han llamado desde Zaragoza a ver si aquí hay especialistas disponibles, porque “cirujanos hay, pero no están dispuestos a hacer estos festejos”. Este profesional del sector pone en duda además que pueda ser determinante la presencia de este segundo médico ante una cogida: “cuando hay una herida de muerte, un cirujano poco puede hacer y está demostrado. En el festejo lo que se puede hacer es una primera cura para trasladar al herido rápidamente al hospital”.

Nuevo Decreto
El Gobierno de Aragón no quiere llegar a esa situación y asegura que confían en tener en mayo la nueva normativa en la que volverá a recogerse solamente la necesidad de un médico y un enfermero.
Fuentes del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior aseguraron que el proyecto de Decreto autonómico podría estar aprobado en mayo, después de que se haya realizado en el primer trimestre del año el periodo de información pública y de presentación de alegaciones.
Entre ellas, también estará la de Fasamet, según señala Jesús Rodrigo, secretario de la federación porque la norma recoge el mismo contenido que la Justicia, a petición de este colectivo, ha impugnado.
En la actualidad, explicaron desde el Gobierno de Aragón, están a la espera de lo que determinen los informes jurídicos del Consejo Consultivo de Aragón para proceder a su aprobación y entrada en vigor.
Para entender la situación actual hay que remontarse al año 2001 y caminar por los senderos de la legislación y de la justicia. Hace nueve años el Gobierno de Aragón aprobó el Decreto 226/2001 por el que se creaba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares.
El Decreto reconocía la “arraigada tradición histórica en Aragón, de celebrar los festejos populares en los que las reses bravas sirven para el ocio y el recreo de los ciudadanos”. Un ocio en el que había que poner normas y lo hacía la Comunidad Autónoma porque entendía que tenía “competencia exclusiva en materia de espectáculos”, incluidos los taurinos.
Este Decreto regulaba las autorizaciones necesarias para la celebración de las sueltas de vaquillas o encierros, y para la celebración de las sesiones hay que contar con varios vistos buenos.

Requerimientos
La lista incluye el del Ayuntamiento; del arquitecto, arquitecto técnico o aparejador; contrato de adquisición o arrendamiento de las reses; certificaciones de traslado, raza y saneamiento de los ejemplares; póliza de seguro de accidentes; asistencia de un profesional taurino; colaboradores y también la presencia de servicios médicos que “comprenderán, como mínimo, un médico y un Ayudante Técnico Sanitario o Diplomado Universitario en Enfermería”.
Y ahí surgió el desacuerdo. Fasamet acudió a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón pidiendo la impugnación de este párrafo del Decreto aragonés que regulaba estos festejos.
A juicio de este colectivo médico, el decreto “infringe la normativa estatal sobre la materia, que exige al menos dos médicos en el equipo médico-quirúrgico que ha de atender cualquier accidente que pueda originarse en el desarrollo del espectáculo”.
Ese es el verdadero eje sobre el que gira este proceso judicial. Los demandantes, respaldados por las sentencias judiciales, creen que prevalece la normativa estatal – el Real Decreto 1648/1996 – que establece la presencia de dos médicos.
Por su parte, el Gobierno de Aragón entiende que las competencias para regular los espectáculos públicos son exclusivas de la Comunidad Autónoma, por lo que el Decreto aragonés desplazaría la norma estatal.
Pero la sentencia del año 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón da la razón a Fasamet. Y el Tribunal Supremo respaldó la decisión en septiembre de 2009 tras la presentación del recurso de casación por parte del Gobierno de Aragón. En la actualidad el Departamento de Política Territorial ha alegado contra esta decisión en la que entiende que hay un “error jurídico”, según explicaron fuentes del Ejecutivo.
En cualquier caso, el Departamento de Política Territorial publicó una Orden en el Boletín Oficial de Aragón el pasado mes de enero para dar cumplimiento a la sentencia y, desde entonces, todos los festejos taurinos populares han tenido que contar con la presencia de este segundo facultativo especialista.
Rodrigo justifica la alegación porque “todos tenemos que cumplir la normativa y hay que garantizar la asistencia sanitaria en los festejos en las mejores condiciones de calidad”.
Reconoce que “quizás la normativa estatal no tenga en cuenta las peculiaridades de Aragón”. “En los espectáculos taurinos con profesionales en plazas de toros es distinto. Pero en el caso de los festejos populares entenderíamos que la presencia de dos licenciados en medicina” sin especialidad y en lugar de uno sólo “sería suficiente para cumplir la Ley”.

Una jornada con vaquillas puede ascender a 3.000 euros

Los servicios médicos suponen el 11 % , según Fasamet

Según un estudio de Fasamet, Federación Aragonesa de Médicos de Atención Primaria, una jornada de festejos taurinos supone para la organización un coste de media de casi 3.000 euros. De este coste, los servicios médicos suponen “sólo un 11 por ciento” explica Jesús Rodrigo, secretario de Fasamet, más un 5 por ciento la ambulancia, lo que se traduce en que la asistencia médica sería un 16 por ciento del total.
Pero en lugares con muchas sesiones taurinas al año las cifras se disparan. A modo de ejemplo, sólo en el equipo médico – sin contar la ambulancia – el Ayuntamiento de Cantavieja presupuesta entre 13.000 y 15.000 euros al año, según el alcalde Miguel Ángel Serrano.
Según este estudio, que insisten desde Fasamet en que se trata de una estimación media porque los precios pueden variar mucho, casi la mitad del presupuesto se dedica al alquiler de los animales, un 49 por ciento.
El arrendamiento suele ser la opción elegida sobre todo desde la entrada en vigor de normativa sanitaria animal a raíz de la enfermedad conocida como mal de las vacas locas. Antes, el sacrificio del animal y la venta de la carne suponía un ingreso extra para las comisiones del que ahora carecen. Los seguros obligatorios ascienden a un 16 por ciento, un 14 por ciento iría destinado al director de lidia y los gastos de gestión de tramitación y un cinco por ciento para el veterinario.

E. ALEGRE / Teruel

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