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Paro del sector público el 2 de junio y debate abierto sobre la huelga general

El presidente se reúne con los líderes de los sindicatos mayoritarios y con la cúpula empresarial

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró ayer “su respeto” a los sindicatos CCOO y UGT por las movilizaciones que puedan convocar contra las medidas para recortar el gasto público, entre las que no se descarta una huelga general.
Así lo aseguró en concreto el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien dijo que no descarta una huelga general ante la “absoluta disconformidad” de los sindicatos con las medidas del Gobierno, si bien pidió tiempo para no tomar una decisión precipitada.
De esta forma se expresó Toxo durante la rueda de prensa junto con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, tras reunirse en la Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Mientras CCOO y UGT deciden sobre el tipo de sus protestas, las federaciones de servicios públicos de ambos sindicatos ya han anunciado la convocatoria conjunta de un paro para el 2 de junio para los trabajadores del sector público, y han invitado al sindicato de funcionarios, CSI-CSIF, a unirse.
Toxo admitió que las centrales sindicales “estudian un proceso de movilización, como ya hay en el sector público, que puede derivar en una convocatoria de paro general”.
El dirigente de CCOO afirmó que “no descarta ningún escenario” de huelga pero que antes de precipitarse evaluará las decisiones y reflexiones que tomen las órganos de dirección del sindicato ante la “gravedad de la situación”. Desde UGT, Méndez anunció que hoy se reunirá la Comisión Ejecutiva confederal del sindicato con carácter extraordinario para analizar “el nivel de respuesta” ante las medidas gubernamentales, aunque no dudó de que “se hará de forma conjunta con CCOO”.
Toxo consideró que el Gobierno ha escogido “la peor de las vías en un momento en que la crisis no ha sido superada y que sólo pretende dar respuesta a las exigencias del mercado financiero”.
Durante el encuentro con Zapatero, ambos dirigentes pidieron aclaraciones sobre la rebaja media del 5% en el salario de los empleados públicos y anunciaron que el Gobierno se ha comprometido a dar detalles en el ámbito de la Mesa de la Función Pública que deberá reunirse antes del Consejo de Ministros, que se adelantará al próximo jueves.

Argumentos
Desde el Gobierno, en un comunicado, Presidencia explicó que Zapatero “escuchó con atención” los argumentos discrepantes contra el nuevo ajuste fiscal mostrados por Toxo y Méndez.
El presidente, añadió la nota, les “expresó su respeto hacia sus posiciones y las decisiones que adopten”.
Zapatero expuso a Toxo y Méndez las medidas que ayer anunció en el Congreso, entre las que está la bajada de los salarios del sector público, la congelación de las pensiones o la retirada del cheque-bebé.
Zapatero, según el comunicado, coincidió con los líderes sindicales en la necesidad de impulsar y acelerar al máximo el diálogo social, para alcanzar pronto un acuerdo “que produzca efectos positivos en la economía española y, fundamentalmente, en la generación de empleo”.
En la línea de críticas a las medidas gubernamentales, Toxo incidió en que es fácil en un clima en el que se ha generado un linchamiento moral de trabajadores de la función pública hacer un ajuste de esa naturaleza y criticó a los ministros que hablan de que algunos funcionarios “toman el cafelito a las 10 y no vuelven”.
Tanto Méndez como Toxo consideraron “demoledora” la reducción de las inversiones públicas que afectarán también a las empresas privadas.
Toxo defendió otras alternativas a las medidas gubernamentales como la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio y del de Sucesiones o establecer un periodo transitorio para subir el IRPF cargando más a las rentas más altas.

Díaz Ferrán: “El país no está ahora para ningún tipo de huelga”

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró ayer que el “país no está en estos momentos para ningún tipo de huelga” sino todo lo contrario, por lo que pidió “sumar esfuerzos” y “hacer piña” para salir de la crisis. De esta forma respondía a la convocatoria de paro total del sector público prevista para el 2 de junio y que será respaldada por UGT y CCOO y ante la amenaza de que los sindicatos decidan convocar también una huelga general. Díaz Ferrán así lo estimó tras reunirse durante una hora y media en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, para analizar el paquete de medidas de recorte del gasto público y que valoró “en su conjunto positivo”. En el encuentro también participó el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Jesús Bárcenas. Asimismo, Díaz Ferrán anunció que los empresarios han propuesto a Zapatero disminuir el gasto en ayuda oficial al desarrollo y limitarlo ya que las remesas que envían los inmigrantes a sus países “podría ser suficiente”. Reiteró al presidente la urgencia de acometer una reforma laboral, como medida complementaria a las anunciadas, y consideró que si no se llega a un acuerdo a lo largo de este mes “evidentemente” el Gobierno debería acometer la reforma, bien por Decreto o en el Parlamento.

Las Comunidades Autónomas temen por las grandes obras

El ministro de Fomento garantiza las inversiones de cohesión territorial

Los nuevos recortes anunciados por el Ejecutivo han provocado que muchas autonomías se hayan apresurado a presentar sus propias medidas de ajuste y, en algunos casos como en Cantabria, a amenazar con romper los acuerdos de Gobierno si las grandes obras previstas en sus territorios se retrasan.
Fue el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, del PRC, el primero en avisar de las consecuencias políticas que puede tener el retraso de obras largamente esperadas.
Revilla, que gobierna con el PSOE, dio a los socialistas un plazo de un mes para retomar la construcción del AVE Palencia-Santander, porque, de lo contrario, romperá el pacto de Gobierno que mantienen ambas formaciones desde 2003.
Tanto es así, que Revilla está dispuesto a presentarse a las elecciones generales, “y no sólo en Cantabria”.
Pese a todo, el Ejecutivo cántabro ha sido uno de los primeros en aprobar recortes en los salarios de los altos cargos, en concreto de un 15 por ciento.

Preocupación
También han expresado su preocupación por el futuro de las infraestructuras Extremadura y el País Vasco en relación con las obras de alta velocidad en sus territorios, así como Canarias respecto a las inversiones comprometidas en las islas que permitieron a CC apoyar los Presupuestos del Estado de 2010.
Si las medidas anunciadas afectan a esos compromisos, “tendremos las manos libres”, avisó el presidente canario, Paulino Rivero, quien pidió la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para abordar el reparto del recorte entre las autonomías.
Las advertencias a los socialistas también llegaron desde Asturias, donde IU, que gobierna en coalición con el PSOE, dijo que tendría poco sentido seguir en un Ejecutivo que no desarrolle políticas de izquierdas.
Sobre las infraestructuras, el ministro de Fomento, José Blanco, quiso tranquilizar a los representantes autonómicos y garantizó que dará prioridad a las inversiones que contribuyan a la cohesión territorial, como el AVE y el transporte ferroviario de mercancías.
Con la amenaza sindical de huelga en la práctica totalidad de las autonomías, un buen número de gobiernos regionales ya ha anunciado rebajas salariales de sus cargos, que también se extenderán a los diputados de los parlamentos autonómicos -en torno al 15 por ciento en ambos casos- y, por supuesto, a los funcionarios.

Reestructuración andaluza
Entre las comunidades con mayor peso, Andalucía ha anunciado una reestructuración de sus empresas públicas y la reducción del gasto farmacéutico, medidas que no afectarán a las políticas sociales, mientras que el Gobierno catalán ha reiterado que subirá impuestos y rebajará el sueldo de los empleados públicos.
La oposición de CiU ha denunciado el “despilfarro” del Gobierno catalán y su gasto desbocado, que ha conducido a la Generalitat a acumular un importante déficit, según los nacionalistas.
Desde el País Vasco, su lehendakari, Patxi López, va a convocar a diputaciones y ayuntamientos para acordar una acción conjunta a la hora de aplicar las medidas, toda vez que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a “arrimar el hombro”.
Madrid ha considerado que las medidas de Zapatero eran “necesarias”, pero implicarán el recorte de derechos sociales, según el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, que se ha congratulado de los 250 millones que la región ha ahorrado por las medidas que el Ejecutivo autonómico puso en marcha.
También en Castilla y León se reducirán los salarios después del “giro de 180 grados” del “conductor suicida de un autobús en el que vamos todos los españoles”, ha indicado el presidente de esa comunidad, Juan Vicente Herrera, en alusión a Zapatero. En Castilla-La Mancha también ha habido acuerdo para bajar los sueldos de los responsables políticos, mientras que en Baleares su presidente, Francesc Antich, ha reclamado el esfuerzo de todos para hacer frente a la crisis. Mientras, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha convocado el sábado a sus “barones” regionales para analizar las medidas de ajuste del Gobierno.

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