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Los jubilados acusan a Zapatero de atacar a los sectores más vulnerables


Granado: “Se pide a los pensionistas un sacrificio de 15 a 20 euros al mes”

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) denunció ayer que con la congelación de las pensiones impulsada por el Gobierno, el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero rompe el Pacto de Toledo y “ataca la línea de flotación de uno de los colectivos más vulnerables”, el de los jubilados. Según CEOMA, la medida “es una grave equivocación, atenta contra derechos y principios fundamentales, es injusta” porque sus costes sociales “son muy superiores a su menguada aportación económica” y “sacrifica principios esenciales” como la “solidaridad intergeneracional y la equidad en el reparto de sacrificios”.
“Los jubilados constituimos un grupo económicamente desfavorecido y precario”, explicó la organización, para incidir en que estas personas “no tienen posibilidad alguna de mejorar sus ingresos” y generalmente, no disponen de “planes complementarios” y comparten la pensión con otros miembros de la familia.
Según la organización, la congelación de las pensiones en 2011 “atenta contra los derechos” de las personas mayores, por lo que considera que esta medida, incluida en el Real Decreto para acelerar la reducción del déficit, supone la ruptura del Pacto de Toledo y “ataca la línea de flotación de uno de los colectivos más débiles”.
“La incertidumbre no es una buena compañera para superar la crisis, y es la que viven hoy millones de pensionistas en nuestro país a los que se les había garantizado que las prestaciones sociales nunca se verían recortadas”, añade la organización.
En este sentido, apuntó que las medidas no sólo afectan a las personas mayores por la reducción del poder adquisitivo de los pensionistas, sino también por los recortes que afectan a la Ley de Dependencia.

“Sacrificio”
Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social y secretario de Economía y Empleo del PSOE, Octavio Granado, afirmó que con la congelación de las pensiones en 2011, medida incluida en el decreto antidéficit del Gobierno, se está pidiendo a cinco millones de los más de ocho millones de pensionistas españoles un “sacrificio” de entre 15 y 20 euros al mes durante un año, algo que consideró “razonable y proporcional” si se tiene en cuenta que en 2009 los pensionistas ganaron bastante poder adquisitivo.
“Estamos pidiendo a cada uno de esos cinco millones de pensionistas (los que cobran pensiones por encima de las mínimas) un sacrificio durante un año de unos 15 a 20 euros al mes. Es razonable repartir los sacrificios entre todos, porque la crisis nos ha hecho más pobres a todos”, explicó el secretario de Estado, quien añadió que “en términos objetivos” los que menos habían notado la crisis hasta ahora eran los pensionistas y los trabajadores del sector público, frente al sector privado, más afectado.
Granado, en declaraciones a TVE , reconoció que “la gente está muy enfadada” con esta medida, pero añadió que la mayor parte de los pensionistas, “que saben que sus pensiones han subido mucho en los últimos años”, aceptan las razones por las que se ha tomado esta iniciativa, entre otras cosas porque muchos de ellos tienen hijos y nietos en el paro y son conscientes de que deben aportar su “granito de arena” a la recuperación.

Protesta de funcionarios
Más de un centenar de representantes sindicales de los empleados públicos y de los pensionistas se concentraron ayer ante el Congreso de los Diputados para protestar contra las medidas del Gobierno aprobadas para reducir el déficit estatal.
El secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Julio Salazar, pidió que la Cámara baja no diera su visto bueno al proyecto, “a esa agresión contra los trabajadores”, dijo.
Según criticó, “estamos hartos de que las malas políticas por el Ejecutivo las paguen los trabajadores, y en el caso de que se apruebe el decreto-ley, habría más que “causas suficientes” para llevar a cabo una huelga general, advirtió.
Por su parte, Alberto García, portavoz del sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, aseguró que “no tiene sentido” un recorte del gasto público y que se continúe con “un despilfarro absoluto” en otras cuestiones como la implantación de una nueva oficina judicial.

AGENCIAS/ Madrid

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