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El Ayuntamiento de Teruel quiere poner freno a la edificación en suelo no urbanizable.

Gerencia de Urbanismo hará un censo de viviendas irregularesLa Unidad de Control Urba­nístico de la Gerencia de Ur­banismo del Ayuntamiento de Teruel confeccionará un censo de viviendas irregulares en suelo no urbanizable, median­te la actualización del realiza­do a finales de la década de los 90 por técnicos del Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón en colaboración con el consistorio turolense.

El objetivo principal es dis­poner de datos exactos para aplicar las medidas de restau­ración de la legalidad urbanís­tica cuando sea posible, según explicó el concejal de Urba­nismo, Luis Muñoz (PAR). Además, se iniciarán los co­rrespondientes expedientes sancionadores en los casos en que proceda.

El censo también permitirá incorporar al padrón del Im­puesto de Bienes Inmuebles (IBI) viviendas que ahora no están dadas de alta, algo que permitirá al consistorio co­brarles la contribución con ca­rácter retroactivo de los últi­mos cuatro años y de aquí en adelante. Con ello, el consis­torio recaudaría 1,5 millones de euros el primer año y 330.000 en los siguientes, de acuerdo con las previsiones del Plan Económico Financiero aprobado por el Ayunta­miento en noviembre de 2008.

El encargo de esta tarea al citado organismo municipal será aprobado en pleno el pró­ximo viernes, tras haber obte­nido el dictamen favorable de la comisión informativa de Urbanismo y Vivienda con el voto a favor del equipo de go­bierno PAR-PSOE y la abs­tención de PP y CHA. Tanto la portavoz popular, Emma Buj, como su homólogo naciona­lista, Paco Martín, manifesta­ron sus dudas sobre la finali­dad del censo, su utilidad fu­tura y la conveniencia de que un trabajo de esta envergadura corra a cargo de la Gerencia.

Identificación

El avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), redactado por el gabinete de ingeniería Idom SA, estima en 803 el número de edificacio­nes irregulares en suelo no ur­banizable y urbanizable no delimitado que existen en el término municipal, a partir de fotografías aéreas.

El censo que elaborará la Gerencia estudiará la situa­ción concreta de cada uno de estos inmuebles, identificando cada una de las construccio­nes, la fecha de concesión de la licencia urbanística si la tu­viera, su uso o destino, así co­mo su superficie y caracterís­ticas constructivas.

El concejal de Urbanismo explicó ante la comisión mu­nicipal que los datos de que se dispone hasta ahora indican que, en la mayoría de los ca­sos, las viviendas unifamiliares diseminadas en suelo no urbanizable no se ajustan a lo regulado por la Ley Urbanísti­ca de Aragón y por el planea­miento vigente.

La legislación permite el uso residencial en suelo no ur­banizable, pero con varias li­mitaciones: que la vivienda esté aislada, que no forme nú­cleo de población, que no su­pere los 300 metros cuadrados construidos y que la parcela

donde se ubica tenga al menos 10.000 metros cuadrados de superficie.

Así, Muñoz aclaró que en­tre las edificaciones levanta­das en suelo no urbanizable existen algunas “legales” por­que en su día obtuvieron li­cencia porque cumplían los requisitos y otras que “podrán legalizarse con las medidas que se adopten en el nuevo Plan General”.

Sin embargo, otras vivien­das se encuentran en situación irregular, bien por no cumplir con las dimensiones de parce­la mínima, por carecer de li­cencia, por haberse producido una parcelación ilegal o por situarse en suelos especial­mente protegidos donde está prohibida la construcción.

Emma Buj explicó la abstención de su grupo en el he­cho de que, a su juicio, el equipo de gobierno no ha aclarado los objetivos del cen­so de edificaciones irregula­res, algo que a su juicio es una “irresponsabilidad en un tema tan grave”.

La oposición pide concreción

Según recordó, la Gerencia de Urbanismo ya ha abierto 78 expedientes sancionadores contra este tipo de viviendas, en los que se analiza si son legalizables y si la infracción es leve, grave o muy grave para aplicar la sanción que corres­ponde. “No nos han dicho si en las viviendas que se identi­fiquen en el censo se aplicarán esos mismos criterios u otros”, dijo la edil.

Además de esa explicación sobre el tratamiento que se dará a esas construcciones, el PP considera necesario que se aclare si el censo será o no público y si los afectados ten­drán derecho a acceder a sus datos. “El equipo de gobierno no nos plantea un acuerdo se­rio, sino que pretende que le demos un cheque en blanco”, dijo Buj, quien recordó que desde hace años “se realiza un anuncio tras otro sobre el tema de las viviendas ilegales y al final, no se hace nada”.

Unos argumentos simila­res ofreció Paco Martín para justificar la abstención de CHA. “No nos han aclarado los objetivos del censo, ni có­mo se va a hacer, ni los crite­rios que se van a seguir des­pués con las viviendas ilega­les que se detecten”, afirmó.

El portavoz de CHA opinó que este trabajo debería for­mar parte de la revisión del PGOU y, por tanto, correr a cargo de Idom. Esta labor po­dría, a su juicio, “bloquear” la Gerencia de Urbanismo.

El concejal de Urbanismo señaló que la elaboración del censo no estaba prevista en el contrato de redacción del Plan de Urbanismo, pero ade­más es una tarea con “una connotación importante de le­galidad que requiere una su­pervisión directa de la Geren­cia”. Sin embargo, no descar­tó contar con asistencia técni­ca externa si es necesario.

Punto final

El concejal de Urbanismo, Luís Muñoz, recordó que uno de los objetivos de la re­visión del Plan General de Ordenación Urbana es poner punto final al problema de la edificación irregular, que “causa más perjuicios que beneficios a todo el mundo”. Desde el punto de vista del pro­pietario, una casa ilegal “no se puede es­criturar, ni vender, ni heredar y siempre se tiene el riesgo de demolición”, apuntó.

En cuanto al perjuicio a la ciudad, “deriva del uso indebido del espacio te­rritorial y la creación de viviendas que­

carecen de servicios urbanísticos”, se­gún el edil. Entre otros problemas, las casas irregulares contaminan el medio natural por la falta de control de sus ver­tidos y constituyen una competencia desleal para la edificación conforme a la legalidad.

Por ello el PGOU “buscará soluciones’ cuando sea posible y, cuando no, dejará esas edificaciones fuera de ordenación, dejando claro que cuando alguien cons­truye sin licencia se arriesga a sufrir las consecuencias de la ley”, dijo Muñoz.

Eva Ron/Teruel

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