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La capital cuenta con 803 viviendas ilegales, el doble que hace diez años

Urbanismo elaborará un censo que sirva de ley de punto final’ a la edificación irregularEl número de viviendas ilegales levantadas en el entorno de Teruel se ha duplicado en los últimos diez años, al pasar de las 368 casas inventariadas por la DGA en 1998 a las 803 detectadas en una primera aproximación rea­lizada durante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación. Se trata del “problema urbanístico más grave de la ciudad”, según admi­tió el concejal de Urbanismo, Luis Muñoz.

De las 368 casas ilegales catalo­gadas en 1998,125 habían sido le­vantadas en los últimos cuatro años. Todas las construcciones se concentraban en seis núcleos si­tuados en los alrededores de la ciudad. La situación ha empeora­do notablemente diez años des­pués. La empresa que revisa el PGOU, Idom, ha detectado 803 vi­viendas irregulares en suelo no urbanizable o urbanizable no de­limitado, de las que 473 están ais­ladas y 330 agrupadas.

Para contener la edificación irregular en la periferia urbana, el Ayuntamiento acordó ayer encar­gar a la Gerencia de Urbanismo elaborar un censo de viviendas ilegales, una medida que contó con el respaldo del equipo de go­bierno PAR-PSOE y la abstención de la oposición -PP y CHA-. Mu­ñoz comparó este documento con una “ley de punto final” de la edi­ficación clandestina en suelos no urbanizabas destinada, mayoritariamente, a segundas residencias.

El censo arrancará con las 78 ca­sas irregulares expedientadas por el servicio de disciplina de la Ge­rencia de Urbanismo. Paraseis de estas construcciones, existe ya una propuesta de sanción econó­mica. El inventario comportará sanciones para las construcciones ilegales y posibilitará la regularización de las que sean legalizables con los correspondientes planes urbanísticos. Él concejal delega­do de Urbanismo advirtió que, en ningún caso, se contempla “actuar como un Termínator” que destru­ya a golpe de excavadora las ca­sas clandestinas ilegalizables por levantarse en suelos especialmen­te protegidos o en áreas inunda­bles. En estos supuestos, queda­rían fuera de ordenación y no po­drían ser objeto de obras de con­servación o reforma.

Muñoz apeló a la “corresponsa­bilidad” de todos los grupos mu­nicipales para sacar adelante la elaboración del censo de casas ilegales. También el alcalde hizo un llamamiento a “arrimar el hombro” para resolver este pro­blema. El concejal recordó que la información recopilada será de utilidad para incorporar las cons­trucciones al padrón municipal y, consecuentemente, obligarles a pagar el Impuesto de Bienes In­muebles. Aclaró, no obstante, que el registro de construcciones que ahora no cotizan para aplicarles el IBI es un expediente indepen­diente del abierto por la Gerencia de Urbanismo y correrá a cargo de la Concejalía de Hacienda.

La portavoz del PP, Emma Buj, advirtió que la edificación ilegal, por sus dimensiones, es “un pro­blema urbanístico y social”. Buj manifestó sus dudas sobre el ob­jeto del censo, sobre el trámite que se seguirá con las edificacio­nes que se inventaríen y si recibi­rán un tratamiento distinto de las 78 inmersas actualmente en expe­dientes sancionadores. Buj acusó al equipo de gobierno de “dar pa­los de ciego” para afrontar este problema. La edil afirmó que en un tema “tan grave y sensible” so­cialistas y paristas “no han dado explicaciones claras”. Parecida ar­gumentación expuso el portavoz de CHA, Paco Martín, aunque ad­mitió que “hay que parar este asunto en algún momento”.

El portavoz socialista, Pedro Joaquín Simón, señaló que la revi­sión del PGOU es una buena oca­sión para afrontar la edificación ilegal, que “se ha intentado abor­dar en anteriores corporaciones, sin éxito”. El concejal resaltó la gravedad de la situación, que “di­ficulta la expansión de la ciudad”.

Muestra de Folklore

El equipo de gobierno rechazó una moción del PP para instar a la DGA a aportar 75.000 euros para financiar la última Muestra Inter-nacional de Folklore. El pleno descartó también la propuesta de CHA para cambiar los nombres franquistas de calles y edificios en cumplimiento de la Ley de la Me­moria Histórica.

LUIS RAJADEL

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